Abogar e incidir a todos los niveles del gobierno, en relación con la GRD, contribuyendo en la implementación de la Ley 1523 del 2012 y la Ley 1505 del 2012 (Ley del voluntariado de primera respuesta), para disponer de un adecuado derecho relativo a desastres en el país, promoviendo la adopción de normativas.