Después de siete décadas de la creación de los Convenios de Ginebra de 1949, normas que regulan la protección de las personas y los bienes en los conflictos armados, Colombia es uno de los países beneficiados de la implementación y ratificación de estos documentos.

Los Convenios de Ginebra de 1949 son las normas creadas de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que buscan proteger a las personas que no participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden seguir participando en los combates (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra).

Estos documentos son el principal referente en materia de derecho internacional humanitario (DIH) y son hoy los tratados internacionales de protección de las personas en los conflictos armados, 196 estados los han reconocido y aprobado.

Colombia y los Convenios de Ginebra de 1499

En 1977 se aprobó el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional y es en 1996 que entró en vigencia en Colombia.

La Dra. Lily Andrea Rueda, Magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señaló que el DIH ha sido fundamental para determinar la legalidad en el uso de la fuerza del Estado y además ha sido una herramienta esencial para la protección de derechos humanos.

En la misma línea, la Dra. Lily Rueda mencionó la importancia de estos documentos en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y recalcó que “la JEP está estableciendo qué conductas pueden operar o no en las amnistías conforme al derecho internacional humanitario y los hechos que se registraron durante el conflicto armado en Colombia”.

Con el objetivo de evidenciar que el derecho internacional humanitario salva vidas y continua vigente, la Cruz Roja Colombiana realizó un conversatorio para discutir la importancia de la implementación de estos documentos en el ordenamiento jurídico del país; en él participaron el Dr. Juan José Quintana, Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería de Colombia; la Dra. Lily Andrea Rueda, Magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); el Dr. Juan Manuel Bravo, Asesor Jurídico de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia; y la Dra. Doris Marcela Hernández, Líder de Construcción de Paz y Doctrina Institucional de la Cruz Roja Colombiana.